Malvinas: Argentina llevó al Tribunal del Mar su pedido para frenar la explotación petrolera de Reino Unido
La delegación argentina expuso en Hamburgo los fundamentos para exigir la suspensión del proyecto Sea Lion, al advertir que la extracción de hidrocarburos en un área cuya soberanía está en disputa provocaría un daño irreversible. Milei respaldó la presentación en redes sociales.
La Argentina llevó este martes al Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en la ciudad alemana de Hamburgo, su reclamo para frenar la explotación petrolera británica en las Malvinas. En la primera jornada de audiencias, la delegación nacional concentró su exposición en dos argumentos centrales: el Reino Unido no puede avanzar unilateralmente sobre los recursos naturales de un territorio cuya soberanía está en disputa y la extracción de petróleo provocaría un daño que ninguna resolución judicial posterior podría reparar.
“Lo que está en juego no puede ser restituido. Los hidrocarburos son recursos no renovables y su extracción es definitiva”, sostuvo el embajador Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal, al explicar por qué el país considera urgente la adopción de medidas provisionales.
La frase sintetiza uno de los ejes de la presentación argentina: evitar que el avance del proyecto Sea Lion genere un hecho consumado antes de que el arbitraje internacional pueda tratar la controversia de fondo. El desarrollo, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte, contempla una explotación petrolera de largo plazo, con 23 pozos de producción y nuevas etapas proyectadas.
El planteo argentino no se limita a la disputa por la soberanía. También apunta a preservar los derechos sobre los recursos de la plataforma continental y a prevenir posibles daños al medio marino. "Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa", racalaron desde la presentación nacional.
La delegación advirtió que el propio plan de contingencia de una de las compañías contempla la posibilidad de que un derrame alcance aguas argentinas no disputadas en un plazo de 30 días. En ese escenario, la Argentina podría verse obligada a coordinar una respuesta y afrontar las consecuencias ambientales de una actividad que no autorizó.
La primera ronda de exposiciones concluyó durante la mañana de este martes. Hubo dos instanacias de exposiciones. Por la tarde será el turno del Reino Unido, que buscará que el Tribunal rechace íntegramente el pedido argentino. Las audiencias continuarán este miércoles 11 de noviembre, con nuevas intervenciones de ambos países.
Quiénes representan a la Argentina ante el Tribunal del MarLa delegación argentina está integrada por funcionarios de distintas áreas del Gobierno y especialistas en derecho internacional. La representación institucional incluye a María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Nación; el embajador Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el Tribunal; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación; y la embajadora Betina Pasquali de Fonseca, representante argentina en Alemania.
El equipo jurídico cuenta además con especialistas internacionales. Entre ellos se encuentra el profesor Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del propio Tribunal del Mar, quien representó a la Argentina en el caso de la Fragata Libertad; Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, reconocido por sus trabajos sobre derecho internacional y recursos naturales; y Agustín Giustiniani, especialista en solución de controversias internacionales.
La delegación británica, por su parte, está integrada por sus representantes legales Sally Langrish y Paul McKell, junto con Ellie Reeves, Attorney General del Reino Unido, y funcionarios del gobierno de las islas, entre ellos Simon Young, fiscal general, y Jack Ford, miembro de la Asamblea Legislativa.
Los argumentos argentinos: soberanía, recursos no renovables y riesgo ambiental
La exposición argentina comenzó con la presentación de Oyarzábal, quien repasó los antecedentes de la controversia, los derechos que el país considera comprometidos y el alcance de las medidas solicitadas. Luego, el especialista en derecho internacional Marcelo Kohen desarrolló los fundamentos jurídicos del reclamo y la competencia prima facie del tribunal arbitral que deberá intervenir en el procedimiento principal.
A continuación, Nico Schrijver abordó la urgencia de la intervención, el riesgo de perjuicio irreparable y las amenazas para el medio marino. Oyarzábal cerró la presentación con las conclusiones de la delegación.
Uno de los puntos centrales fue el vínculo entre la explotación petrolera y la disputa de soberanía que permanece abierta ante las Naciones Unidas. La Argentina sostuvo que el Reino Unido pretende disponer unilateralmente de recursos naturales pertenecientes a un territorio cuya soberanía está en discusión y cuyo proceso de descolonización continúa pendiente.
En ese sentido, la delegación recordó que Naciones Unidas reconoce la existencia de la controversia desde 1965, a partir de la Resolución 2065 de la Asamblea General, que instó a ambos países a encontrar una solución pacífica mediante negociaciones. También invocó la Resolución 31/49, de 1976, que exhorta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que introduzcan modificaciones en la situación mientras se desarrolla el proceso recomendado por el organismo internacional.
La posición argentina es que Londres no puede negarse a negociar la soberanía y, al mismo tiempo, avanzar sobre la explotación de los recursos naturales del área en disputa. El Gobierno recordó que rechazó sistemáticamente las licencias y decisiones británicas vinculadas con la actividad hidrocarburífera y que, en agosto de este año, reiteró su disposición al diálogo, una convocatoria que fue desestimada por el Reino Unido.
El segundo eje fue el carácter irreversible de la extracción. Para la delegación, el petróleo constituye un recurso no renovable: una vez extraído, no existe una sentencia posterior que pueda devolverlo al subsuelo ni restituir la situación previa. Por eso, la Argentina sostiene que esperar a una resolución del arbitraje sin adoptar medidas cautelares podría dejar sin efecto práctico la protección de los derechos que busca preservar.
A ese argumento se sumó la dimensión ambiental. La delegación advirtió sobre los riesgos de un eventual derrame y señaló que, de acuerdo con el plan de contingencia presentado por una de las compañías, el hidrocarburo podría alcanzar aguas argentinas no disputadas en un período de 30 días. La preocupación planteada es que el país deba intervenir ante una emergencia ambiental derivada de una explotación que considera ilegítima y sobre la que no tiene capacidad de autorización ni control.
Según detallaron desde la delegación nacional, la solicitud de medidas provisionales apunta, precisamente, a impedir que el avance de Sea Lion y las actividades asociadas produzcan consecuencias que luego no puedan revertirse. La Argentina busca que el Tribunal ordene frenar la explotación y preservar los derechos soberanos sobre la plataforma continental mientras se constituye el tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Qué responde el Reino Unido y por qué pide rechazar el reclamo argentino
La posición británica es rechazar en su totalidad el pedido de medidas provisionales y solicitar al Tribunal que desestime la presentación argentina. En una nota oficial del 2 de noviembre de 2026, a la que tuvo acceso Energy Report, Londres sostuvo que la Argentina no cumple los requisitos necesarios para que se dicte una medida de este tipo.
El Reino Unido planteó cuatro objeciones. En primer lugar, cuestionó que el tribunal arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención del Derecho del Mar tenga competencia prima facie para tratar la controversia. En segundo término, afirmó que los derechos invocados por la Argentina carecen de verosimilitud. Además, sostuvo que no existe riesgo de perjuicio irreparable y que tampoco se verifica una situación de urgencia que justifique la intervención provisional del Tribunal.
Energy Report
