Sesión redonda para el Gobierno en Diputados: acotó el alcance del régimen de zona fría después de aprobar la ley Hojarasca
El Gobierno blindó la reforma que reducirá los beneficiarios y las regiones de un esquema de subsidios por las tarifas de gas.
Luego de alcanzar una cómoda mayoría en la media sanción a la ley Hojarasca, el oficialismo consiguió 132 votos a favor(contra 105 en contra) para aprobar en Diputados una modificación en el régimen de zona frías, reduciendo el alcance de subsidios en provincias de bajas temperaturas, en las que se privilegiará el poder adquisitivo de los usuarios. Aún así, los que continúen percibiendo el beneficio recibirán incrementos en sus boletas, dado que el subsidio se aplicará al consumo y no a la totalidad de la factura, que incluyen costos de distribución y de distribución. Resta el tratamiento en el Senado.

Los subsidios provienen de un recargo del 7,4% en la factura de gas de todos los usuarios del país, fondos que no se dejarán de percibir e irán directamente a las arcas estatales. Fuentes oficiales estiman que se tratan de más de $272 mil millones. En contrapartida, el Estado compensará a las empresas distribuidoras y transportistas de electricidad por las eventuales deudas que contrajeron durante los años de las leyes de emergencia tarifaria. Los distritos que habían sido alcanzados por la extensión del 2021 dejarán de recibir los beneficios.
La realización de la sesión inhibió una iniciativa opositora para interpelar a Manuel Adorni, que estaba prevista para este mismo miércoles. Aún con la enumeración de acusaciones contra el jefe de Gabinete, y pese a incorporar una serie de propuestas sensibles a la agenda (como la regularización de pagos del PAMI o la prolongación del régimen de licencias parentales) la oposición no era optimista de alcanzar el quorum y el traspié en ambas leyes volvió a enfrentarlo con una cifra que no puede remontar: la ley Hojarasca tuvo 138 votos a favor, número similar a la ley de Glaciares (137) o la reforma laboral (135). Esa mayoría del oficialismo es la barrera para cualquier intento de los bloques antagónicos.
La Libertad Avanza alcanzó la mayoría con los votos de la UCR, el PRO y los aliados provinciales de San Juan, Santa Cruz, Neuquén, Tucumán, Salta y Misiones. Para garantizarse la mayoría con el proyecto de reforma del régimen de zona fría, este medio pudo conocer que el oficialismo habría presentado una promesa de ofrecer subsidios a las tarifas eléctricas -al menos- a estas últimas dos provincias, bajo el pretexto de formar parte de una región calurosa. Sin embargo, esta contraparte se conocería a través del Boletín Oficial.
La particularidad es que los mendocinos Pamela Verasay y Luis Petri, senadora y diputado respectivamente en el 2021, acompañaron derogar la ampliación que habían votado hace cinco años. Lo mismo hicieron los representantes de la gobernación de San Juan, a pesar de que su actual mandatario Marcelo Orrego -diputado en 2021- votó a favor de la pasada reforma de la ley 27.637 de Régimen de Zona Fría. El peronismo, la izquierda y Provincias Unidas rechazaron la propuesta, con abstenciones de los provincialistas de Catamarca y de Maximiliano Ferraro.
Régimen de zonas frías
La reforma al régimen de zonas frías implica una modificación sobre la redacción aprobada en 2021 (con 190 votos a favor en Diputados y 51 apoyos en el Senado), que en ese momento incorporó a un esquema de subsidios a más de 3 millones de hogares de diez provincias. Eso implicó una serie de subsidios de entre el 30% y el 50% en regiones de las provincias de San Luis, Córdoba, La Rioja, Tucumán, Catamarca y Buenos Aires. El proyecto remueve a esos distritos del esquema de beneficios energéticos.
La iniciativa libertaria actual reduciría esa cantidad de usuarios y conservaría un criterio de subsidios a aquellos de bajos recursos a partir del vigente régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). "Lo que queremos es que la gente que pueda pagar la energía, la pague, y focalizar en los que más necesitan", resumió la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, en su defensa en Diputados.
Asimismo, según el artículo 4, el Estado hará erogaciones en concepto de "cancelación de las obligaciones que las distribuidoras del servicio público de electricidad tuvieran con CAMMESA por la compra de energía eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM)". A cambio, las compañías deben renunciar a "la totalidad de los eventuales reclamos judiciales o administrativos" que mantienen con el Estado nacional por la declaración de emergencia.
En su artículo 8°, la propuesta define que el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) perderá potestad de "limitar el traslado" de los costos a los consumidores en casos de precios acordados que exceden de los negociados por otros distribuidores en situaciones que el organismos considere equivalentes. Por otra parte, se derogan los artículos que componen el Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos.
El subsidio persistirá en el consumo de gas de usuarios de bajos recursos, aunque no será así en cargos fijos ni en transporte y distribución, otras categorías que componen cerca del 60% de la factura. La medida se suma a lo definido en la Disposición 20/2026 publicada esta semana que, según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), redujo unos $110.000 millones correspondientes a partidas del Tesoro para los subsidios a la energía.
Diputados aprobó un homenaje y tratados internacionales
Además, por unanimidad se aprobó el reconocimiento al brigadier Jorge Francisco Martínez, quien participó de la Guerra de Malvinas como miembro de la Fuerza Aérea. Con 90 años, es actualmente el veterano de guerra de mayor edad, yendo a las islas con 46 años. En agosto del 2025, ya había recibido un reconocimiento en el Senado de la Nación. Lo reconocieron con la medalla “La Nación Argentina al Valor en Combate” al brigadier "por su mérito, valor y heroísmo en defensa de la Patria en la Guerra del Atlántico Sur".
Durante la sesión, se aprobaron tratados internacionales con amplios apoyos -y en ocasiones con votos a favor unánimes-. Se trata de acuerdos de extradición de Polonia, Costa Rica y Chile; convenios sobre remoción de restos de naufragio acordado en Nairobi; y el cobro de alimentos para los familiares suscripto en la Corte de La Haya; y tratados de asistencia jurídica con Serbia y Cuba.
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Cambios en zona fría: quiénes perderían subsidios al gas y cómo quedarían las tarifas
El oficialismo aprobó en Diputados una reforma integral del sistema energético que modifica el régimen de Zona Fría, endurece la focalización de subsidios y cambia el esquema de financiamiento del gas residencial.
La Cámara de Diputados debatió este miércoles el proyecto impulsado por el Gobierno para reformular el régimen de subsidios al gas en zonas frías, una iniciativa que busca reducir el costo fiscal del esquema, focalizar la asistencia en hogares vulnerables y modificar el sistema de financiamiento del beneficio.
La propuesta forma parte de un paquete más amplio de reformas energéticas enviado por el Poder Ejecutivo, que además contempla mecanismos para regularizar deudas del Mercado Eléctrico Mayorista, cambios tarifarios y la eliminación de regímenes promocionales vinculados a hidrocarburos.
El debate llega luego de que el Gobierno cuestionara la ampliación del régimen aprobada en 2021, al considerar que desnaturalizó el esquema original y generó un fuerte incremento de subsidios cruzados financiados por el resto de los usuarios del país.
Qué cambia en el régimen de zona fría
El proyecto mantiene el beneficio histórico para usuarios de la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna, donde continuará aplicándose una bonificación sobre el precio del gas natural y el gas propano por redes.
Sin embargo, introduce modificaciones para los usuarios incorporados por la ampliación de la Ley 27.637.
A partir de la reforma, los hogares ubicados en las zonas ampliadas solo podrán acceder al subsidio adicional si están inscriptos en el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), creado por el Gobierno a fines de 2025.
Según el texto oficial, podrán acceder quienes tengan ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales, además de hogares con Certificado de Vivienda del ReNaBaP, veteranos de Malvinas o personas con discapacidad incluidas dentro del sistema SEF.
El argumento oficial: déficit y subsidios cruzados
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno sostiene que el régimen vigente dejó de ser sustentable tras la ampliación territorial de 2021.
Según el mensaje enviado al Congreso, el recargo del 7,5% sobre el gas ya no alcanza para financiar el sistema y actualmente se requieren aportes adicionales del Tesoro Nacional para cubrir el costo del subsidio.
El texto oficial también advierte que la falta de financiamiento provocó atrasos en la cadena de pagos entre distribuidoras y productores de gas.
Además, el Gobierno busca modificar la forma en que se calcula la bonificación. Hasta ahora el subsidio se aplicaba sobre la tarifa total, incluyendo transporte y distribución. El nuevo proyecto limita el beneficio exclusivamente al precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
Qué impacto podría tener sobre las tarifas
Un informe elaborado por IERAL Fundación Mediterránea advirtió que los mayores aumentos recaerían sobre los usuarios de zonas ampliadas que no califiquen para el nuevo régimen focalizado.
Según las simulaciones realizadas por la entidad, un usuario residencial promedio de Bahía Blanca que hoy recibe el subsidio de zona fría y quede excluido del SEF podría enfrentar un incremento cercano al 100% en su factura mensual de gas.
En cambio, quienes mantengan el beneficio mediante el sistema focalizado tendrían subas menores, aunque igualmente superiores a las actuales debido al cambio en la base de cálculo del subsidio.
El trabajo de IERAL sostiene que la ampliación de Zona Fría realizada en 2021 incorporó regiones con consumos considerablemente menores a los de la Patagonia, lo que incrementó el costo fiscal sin mantener el criterio climático original del régimen.
El proyecto también modifica el sistema eléctrico
La iniciativa oficial incluye además un capítulo destinado a regularizar las deudas acumuladas entre distribuidoras eléctricas y CAMMESA.
El proyecto habilita mecanismos de compensación entre créditos tarifarios y deudas con el Mercado Eléctrico Mayorista, aunque condiciona esos beneficios a que las empresas desistan de reclamos judiciales contra el Estado. Además, establece el traslado automático de los costos de generación eléctrica y adquisición de gas a las tarifas finales.
Desde IERAL señalaron que el objetivo es reducir distorsiones y evitar la acumulación de nuevos subsidios o atrasos financieros dentro del sistema energético.
Renovables e hidrocarburos
El proyecto también prorroga hasta 2045 los beneficios tributarios para energías renovables establecidos en la Ley 27.191.
En paralelo, elimina regímenes especiales de promoción hidrocarburífera y acceso diferencial a divisas creados durante gobiernos anteriores, aunque mantiene los derechos ya adquiridos por proyectos aprobados previamente.
Las advertencias de IERAL
Aunque respaldó el objetivo de ordenar subsidios y mejorar la sustentabilidad fiscal, IERAL recomendó introducir mayor gradualidad en la transición para evitar aumentos bruscos sobre los hogares.
La entidad sugirió combinar tres criterios para definir subsidios:
severidad climática;
vulnerabilidad socioeconómica;
consumo energético razonable según zona y composición familiar.
También planteó que el traslado automático de costos a tarifas debería complementarse con mecanismos que amortigüen la volatilidad internacional de los precios del gas y la energía.
Energy report