SUR DE SANTA FE
“EL GOBIERNO NACIONAL DEBE ACATAR LA ORDEN JUDICIAL Y RENDIR CUENTAS SOBRE EL IMPUESTO NACIONAL A LOS COMBUSTIBLES”
La senadora provincial Leticia Di Gregorio valoró la resolución favorable en el recurso de amparo presentado por el estado de las rutas nacionales 33, 8 y 7 y consideró que el avance judicial adquiere una dimensión que va mucho más allá del reclamo por el mantenimiento de tres corredores.
Para la legisladora, se trata de empezar a encontrar una respuesta después de años en los que miles de habitantes del departamento General López tuvieron que incorporar como parte de su vida cotidiana el deterioro de rutas que utilizan para trabajar, estudiar, atender su salud, visitar a sus familias o trasladar la producción.
“Para nosotros la ruta 33, la 8 y la 7 no son líneas en un mapa. Son las rutas que usamos todos los días. Sabemos lo que significa salir de casa y tener que estar permanentemente atentos a un pozo, a una banquina deteriorada, a los camiones o a una maniobra para esquivar un tramo en mal estado. Por eso este fallo tiene un significado muy importante para toda nuestra región”, sostuvo Di Gregorio.
Una ruta que también concentra la salida de la producción
La situación adquiere además una dimensión productiva. La ruta nacional 33 constituye uno de los principales corredores utilizados para transportar la producción del sur santafesino hacia los puertos del Gran Rosario, con una circulación permanente de transporte pesado que convive con los desplazamientos cotidianos entre las localidades de la región.
Di Gregorio remarcó que el deterioro acumulado no solamente implica mayores riesgos. También genera roturas de neumáticos, daños en trenes delanteros, mayores tiempos de viaje y costos adicionales para familias, trabajadores, transportistas y empresas.
“Durante demasiado tiempo nos acostumbramos a calcular cuánto más vamos a tardar, por dónde conviene pasar o qué pozo tenemos que esquivar. Y detrás de eso hay algo todavía más difícil de medir: la preocupación de una familia cuando alguien sale todos los días a trabajar por estas rutas. No podemos aceptar que eso sea normal”, afirmó.
694 siniestros y 81 víctimas fatales en la ruta 33
Los registros de siniestralidad permiten dimensionar el problema. Entre 2020 y 2026 se contabilizaron 694 siniestros viales en la ruta nacional 33, con 81 víctimas fatales, 384 personas lesionadas y 1.050 vehículos involucrados.
Solamente durante 2026 ya se registraron 77 siniestros, tres víctimas fatales, 30 personas lesionadas y 99 vehículos involucrados. De ese total, 50 hechos ocurrieron durante el segundo trimestre del año, período en el que también se contabilizó una víctima fatal, 18 personas lesionadas y 70 vehículos involucrados.
Di Gregorio señaló que las causas de un siniestro vial pueden ser múltiples, pero consideró que las condiciones de la infraestructura forman parte de una discusión que el Estado nacional no puede eludir.
“Un pozo obliga a maniobrar, una banquina deteriorada reduce el margen ante una emergencia y una ruta cargada de camiones exige atención permanente. No podemos analizar la seguridad vial sin discutir también por qué durante tantos años se permitió este nivel de deterioro”, planteó.
Los usuarios pagan cada vez que cargan combustible
La senadora volvió además sobre otro de los puntos que viene planteando ante el Gobierno nacional: el destino de los recursos provenientes de los impuestos aplicados a los combustibles.
Según explicó, alrededor del 16 por ciento de lo que un usuario paga al cargar combustible corresponde al componente impositivo al que viene haciendo referencia en sus reclamos, cuyos recursos tienen entre sus destinos el financiamiento de infraestructura vial.
“Hay una manera muy sencilla de entenderlo: cuando una persona llena el tanque y paga 100 mil pesos, alrededor de 16 mil corresponden a este impuesto. El vecino paga, pero después sale a la ruta y ese aporte no vuelve en el mantenimiento que necesita”, sostuvo.
Di Gregorio cuestionó que, mientras las rutas continúan deterioradas, recursos recaudados para financiar infraestructura permanezcan colocados en instrumentos financieros en lugar de traducirse en las intervenciones que requieren los corredores nacionales.
“Acá no estamos reclamando que inventen un recurso nuevo ni que le cobren algo más a la gente. Estamos diciendo que los argentinos ya pagan cuando cargan combustible y que esos fondos tienen que cumplir con la finalidad para la cual fueron recaudados”, señaló.
Un avance después de años de reclamos
En ese contexto, Di Gregorio consideró que el resultado favorable del recurso de amparo representa un cambio importante porque lleva a la Justicia una problemática que durante años fue planteada ante distintas dependencias nacionales sin obtener las respuestas necesarias.
La legisladora sostuvo que el reclamo continuará hasta que las decisiones se traduzcan en trabajos concretos y condiciones adecuadas de circulación. Al mismo tiempo, remarcó que las rutas nacionales 33, 8 y 7 continúan bajo responsabilidad del Estado nacional y que los procesos de concesión anunciados no modifican la situación actual ni solucionan de manera inmediata el deterioro acumulado.
“Este fallo no tapa los pozos de un día para el otro, pero después de tantos años de reclamar significa que alguien finalmente está obligando a mirar lo que pasa en nuestras rutas. Hay vidas, trabajo y producción detrás de este reclamo. Los vecinos ya pagan para tener rutas en condiciones cada vez que cargan combustible. Ahora necesitamos que esos recursos vuelvan donde tienen que volver y que podamos transitar sin sentir que llegar a destino depende de esquivar un pozo”, concluyó Di Gregorio.
