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Patricia Bullrich aumentó más de 1800% el presupuesto para los gastos reservados de Seguridad

Bajo el eufemismo de "gastos no especificados", esos fondos crecieron exponencialmente y no es posible saber para qué se utilizan. El Ministerio que conduce Bullrich evitó responder el motivo.

Ciberpatrullaje y detenciones por 10 horas, ambas sin autorización judicial, son dos de las facultades incluidas en un decreto que eludió la discusión legislativa. Un departamento de inteligencia policial sobre el que nadie quiere rendir cuentas. Tal vez, el lema que se ajusta al trasfondo de los cambios sobre la Policía Federal que impuso el Ministerio de Seguridad de la Nación, conducido por Patricia Bullrich, es “sin control”.

La propia funcionaria a cargo de Seguridad, en enero de 2024, durante un plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, había asegurado que cualquier proyecto de reforma pasaría por el Poder Legislativo. No cumplió. Ahora, el argumento es la archiconocida emergencia, que en su etapa al frente de la misma cartera la llevó a realizar compras onerosas para el erario del Estado, la cuales actualmente se encuentran cuestionadas a causa de múltiples irregularidades por la Auditoría General de la Nación, como reveló Ámbito.

Es por eso que, rápidamente, al leer el Decreto Nº383, por medio del cual se busca que la Policía Federal Argentina se convierta en una especie de FBI criollo, las alertas se encendieron cada vez que, por caso, la letra del texto da lugar a la criminalización de acciones que no son delitos y, en simultáneo, se amplían las facultades de la fuerza para actuar sin la venia y observancia de un juez, tal y como adelantó Ámbito cuando solo se trataba de un borrador que circulaba y alarmaba a las fuerzas federales de seguridad.

Sin embargo, en esa línea, aparece un elemento escasamente observado y del que no se habla: el crecimiento exponencial de determinadas categorías en el presupuesto de Seguridad y áreas concomitantes. Se trata de entradas cuyo gasto no se encuentra especificado en “Datos Abiertos”, que se encuentra disponible online. No es solo un crecimiento notable en la comparación anual, siempre dificultosa en un país inflacionario, sino dentro del propio año en curso.

No obstante, si la mirada se desliza desde el área de Seguridad a la de Inteligencia, un elemento llamativo asoma y caracteriza el enfoque del Gobierno sobre la administración del Estado: apenas superada la mitad del año, Nación utilizó más del 90% de los gastos reservados para este tipos de trabajo que lleva adelante la ex SIDE. O sea, recursos cuyo destino la ciudadanía no conocerá su objeto. En un país en el que el espionaje fue durante décadas más un instrumento de extorsión que de alerta ante peligros exógenos, es algo sobre lo cual es indispensable hacer foco. ¿Qué es tan importante como para que eso suceda y, a la vez, deba estar al margen del contralor legislativo?

Asimismo, si se lleva adelante una comparación interanual, el área de Inteligencia pasó de representar el 0,14% del Presupuesto en 2021 al 0,24% en 2025 sin mayores explicaciones. Ahora bien, su aumento se dio justo en el sentido contrario a los ítems de “Vivienda y Urbanismo”, que se retrajo de 3% a 0,07%, y “Agua Potable y Alcantarillado”, que redujo su importancia en el presupuesto de 2,01% a 0,58%. En cambio, Seguridad Interior pasó de 1,76% a 2,43%. Cuestión de prioridades.

No especificados

Cualquiera que observe comparativamente el presupuesto del Ministerio de Seguridad desagregado, más allá de que recientemente sufrió cambios por medio del DNU Nº425, notará el crecimiento exponencial de la categoría “Servicios no especificados”. Sin embargo, no es eso únicamente lo que llama la atención sino que, dentro de esa categoría, donde hay varias subcategorías que orientan la interpretación del gasto, la mayor de todas con distancia es la que aparece como “Otros n.e.p”, que pasó de $2.600 millones en enero a casi $49.000 millones en números redondos. Para mayor claridad y a modo de trabalengua, se trata otros gastos no especificados dentro de los gastos no especificados.

Cabe precisar que entre los servicios “no personales” están los de ceremonial y protocolo, gastos reservados, servicios de vigilancia, pasantías, becas de investigación y la mencionada subcategoría “otros servicios n.e.p.”. Obviamente, esta representa, sin identificar el objeto del gasto, a aquellos que no están incluidos entre los anteriores, pero no se sabe cuáles son y, por lo tanto, no hay información pública sobre para qué se utilizan ni por qué crecieron de tal manera.

Quienes consultan el portal Datos Abiertos para estudiar la ejecución del Presupuesto, pueden elegir ver su avance por medio de cuadros. Bajo ese aspecto, es de tal grado la suba de “Otros n.e.p” que, si se coteja con lo que representaba en 2023, su cuadro expresaba un espacio de mucha menor importancia.

En 2025, siempre según la información oficial disponible, del total del gasto, “Servicios no personales” representa el 2,36% del Presupuesto. El 57% de eso se va en servicios no especificados (“Otros n.e.p”). En 2024, esta última subcategoría implicaba $3.928 millones. Y en el total del gasto de la entrada “Servicios no personales”, “Otros n.e.p” representaba el 22,1%, 35 puntos menos que este año. Si la comparación es con el último año del gobierno de Alberto Fernández, “Otros n.e.p” significaba solo el 15% de “Servicios no personales”. Tanto en 2023 como en 2024 con cifras mucho menores.

Ante la consulta realizada para esta nota al Ministerio de Seguridad, la respuesta fue con evasivas.

En colaboración con este artículo, la periodista especializada Agustina Bordigoni detalló que, ya en entre enero y marzo, Seguridad había aumentado esta categoría de $2.600 millones a poco más de $52.000 millones. Ahora, se modificó y el total de lo presupuestado para “Otros n.e.p” es de casi tres mil millones de pesos menos.

Si se lo compara con 2024, el salto fue diferente de $14.185 millones a $25.797 millones. O sea, menor al 100%.

Esto se da en un contexto en el que la reforma de la Federal abre la puerta a profundizar las tareas de inteligencia, y un agujero que lleva la memoria a épocas oscuras.

Sin respuestas

Publicado el decreto por medio del cual se reforma la Federal, diferentes organismos de Derechos Humanos y constitucionalistas marcaron que, más allá de la necesidad de discutir cambios en la Policía, era una anomalía grave el hecho de que no pase por el filtro del Congreso Nacional.

Puntualmente, las actividades sin orden judicial son las que mayor inquietud generaron. Fundamentalmente, la posibilidad de llevar a cabo una detención (incluso en sentido contrario a lo dispuesto por el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Bulacio), la libertad de realizar ciberpatrullaje indiscriminadamente, espiando fuentes abiertas (páginas de internet, plataformas, redes sociales) y el poder de realizar requisas en situaciones indefinidas y denominadas “operativos de prevención”.

La controversia escaló de tal manera que integrantes del Poder Judicial expresaron su desacuerdo. Por caso, Rodrigo Morabito, juez de Cámara de Responsabilidad Penal de Catamarca, dijo que el decreto “presenta varios puntos que podrían ser objeto de inconstitucionalidad y críticas severas desde el punto de vista del Estado de Derecho, el control judicial y los derechos fundamentales de los ciudadanos”.

Después, consultado para esta nota, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez sostuvo que "el primer problema formal que tiene este decreto delegado es que viola las bases de delegación establecida de la ley Bases. En segundo lugar, lo que está haciendo es restringir los derechos fundamentales de las personas de manera desproporcionada, otorgándole atribuciones a la Policía Federal que no se condicen con los objetivos constitucionales que tiene que tener".

Desde el CELS, marcaron algo más que no aparece mencionado por otros actores que se muestran críticos: el decreto criminaliza acciones que no eran delito hasta ahora. Por ejemplo, la protesta considerada como un acto de sedición. Desde el mencionado organismo, indicaron, también, que las reuniones políticas de ciertos grupos pasaron a ser considerados potenciales actos de terrorismo. Esto vuelve a la advertencia realizada por Domínguez, quien anticipó que no sería extraño que, con este estado de cosas, vuelvan las razzias.

En el ojo de la tormenta se encuentran las tareas de inteligencia de la Federal y el cuerpo que las lleva adelante. El decreto menciona la creación de un Departamento Federal de Investigaciones (DFI) que se encargará de los delitos complejos dentro del país y un Departamento Federal de Coordinación. Dentro de DFI, habrá tres subáreas dedicadas a la investigación: Agencias Federales de Investigación (AFDI), Investigaciones Federales e Investigaciones contra el Narcotráfico.

El CELS subrayó que el Gobierno viene negando la solicitud de acceso a la información en torno del cuerpo que reúne a los que en la jerga policial se conoce como los “plumas”. La referencia es a quienes hacen inteligencia dentro de la Federal, que históricamente están enfrentados con el grupo de los “Comisarios”.

El organismo reclama acceso a información sobre “la normativa que regula las misiones, funciones, estructuras y actividades de inteligencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval, la Gendarmería Nacional y la Policía Federal Argentina, en particular de sus Cuerpos de Inteligencia Criminal y de Investigaciones”. Y además, sobre la información que se considerara no pública, piden su desclasificación.

Tras la negativa del ministerio de Seguridad, el 28 de marzo, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó que el Estado “está sometido al principio de máxima divulgación, tal como lo establece la jurisprudencia de la Corte Suprema, y que el ministerio de Seguridad no está exento de ese criterio, ni siquiera si se trata de temas de inteligencia. Es decir que el ministerio no puede rechazar el acceso sin más, arbitrariamente: debe brindar la información o argumentar con precisión por qué no”. Luego, casi dos meses después, el juez federal Martín Cormick le exigió al Ministerio que conduce Bullrich que en el plazo de cinco días acreditara haber cumplido con lo que le había ordenado el Poder Judicial. No sucedió.

Si se tiene en cuenta que la nueva Federal tiene una impronta marcada por la Inteligencia y que los cambios no se hicieron respetando los pasos que imponen las instituciones democráticas, poner el foco sobre las actividades vinculadas con el espionaje empieza a tomar cada vez mayor importancia.   Ambito.

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La inflación de junio fue de 1,6%

El INDEC difundió el dato de inflación del sexto mes del año; en el primer semestre acumuló un alza de 15,1%.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio fue de 1,6% y acumuló un total de 39,4% en comparación con el mismo mes del año pasado, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

En lo que va del año, acumuló un alza de 15,1%.

La división de mayor aumento en el mes fue Educación (3,7%), seguido por Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%).

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en junio de 2025 fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (0,6%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%).

En cuanto a las categorías, los precios Regulados lideraron el incremento durante junio, con un total de 2,2%, seguida del IPC núcleo (1,7%) y Estacionales (-0,2%).

Dentro de las distintas regiones, La división con mayor incidencia en GBA, Pampeana, Noreste y Patagonia fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,4%).

En el Noroeste la mayor incidencia se registró en Prendas de vestir y calzado (0,5%), mientras que en Cuyo fue Recreación y cultura (2,5%).

“Continúa el proceso de desinflación que comenzó en 2024, con un acumulado para los primeros 6 meses del año de 15,1%, frente al 79,8% registrado para el mismo periodo del año pasado”, destacó el Ministerio de Economía.

En su cuenta de x el ministro posteo.

“Inflación minorista Junio: 1,6%”.

“La inflación núcleo fue de 1,7%, la más baja desde mayo de 2020. Si se excluye el efecto particular sobre el IPC en los primeros meses de la pandemia, se trató del menor registro desde enero de 2018”.

“Los bienes registraron una variación de 0,8% mensual, la menor desde que comenzó la actual serie, en enero de 2017”.

“La variación en alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 0,6%, menos de la mitad de la suba en el IPC. En términos interanuales, la variación en esta categoría fue de 32,3%, 7,1 puntos porcentuales por debajo de la inflación general”.

“La variación interanual del IPC Nacional fue de 39,4%, registrándose catorce meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior. Esta variación interanual es la más baja desde enero de 2021”.

Por su lado, el presidente Javier Milei se sumó a los festejos y cargó contra “toda mandrilandia”, apoyado con una foto donde se encuentra el Ministro Caputo y parte del equipo económico, entre ellos Santiago Bausili, presidente del Banco Central (BCRA); José Luis Daza, viceministro de Economía; y Federico Furiase, director del BCRA.

El titular del palacio de Hacienda, Luis Caputo, también celebró el dato de junio, con una serie de punteos sobre lo que dejó el dato del INDEC:

Por su lado, el presidente Javier Milei se sumó a los festejos y cargó contra “toda mandrilandia”, apoyado con una foto donde se encuentra el Ministro Caputo y parte del equipo económico, entre ellos Santiago Bausili, presidente del Banco Central (BCRA); José Luis Daza, viceministro de Economía; y Federico Furiase, director del BCRA.

Uno por uno: variación mensual de las 12 divisiones del IPC

Educación: 3,7%

Vivienda, agua,electricidad, gas y otros combustibles: 3,4%

Bebidas alcohólicas y tabaco: 2,8%

Recreación y cultura: 2,5%

Salud: 2,2%

Restaurantes y hoteles: 2,1%

Equipamiento y mantenimiento del hogar: 1,9%

Comunicación: 1,8%

Transporte: 1,6%

Bienes y servicios varios: 1%

Alimentos y bebidas no alcohólicas: 0,6%

Prendas de vestir y calzado: 0,5%

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El demoledor dato del INDEC que define la pobreza: cuánto necesitás ganar por mes para no serlo

El INDEC informó cuánto necesitó una familia en junio. Una pareja con dos hijos tuvo que ganar más de $1.128.398 para superar la canasta básica.

Una familia tipo, integrada por cuatro personas, necesitó $1.128.398 para no ser pobre en junio, según la Canasta Básica Total (CBT) informada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

La CBT aumentó 1,6% mensual, mientras que en comparación con el mismo mes del año pasado se incrementó en 29,2%.

En lo que respecta al acumulado del año, la canasta total acumuló un incremento de 10,1%.

En cuanto a la Canasta Básica Alimentaria (CBA), subió 1,1% mensual. En comparación interanual, aumentó un 28,7%.

En lo que va del año, la CBA acumuló un incremento del 12,6%.

De acuerdo con la medición del Indec, en junio, un hogar compuesto por tres personas necesitó $898.336 para cubrir la CBT y $402.841 para cubrir la CBA.

Una familia tipo, compuesta por cuatro integrantes, precisó $506.008 para la CBA y $1.128.398 para llegar a la CBT.

Por último, un hogar compuesto por cinco personas demandó un total de $532.209 para la CBA y $1.186.826 para la CBT.

Comparado con la inflación de junio, la CBA quedó por debajo del número del IPC mensual (1,6%) y la CBT quedó con el mismo incremento de la inflación general. Ambas quedaron por debajo en la medición interanual (39,4%).