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 Empleo: advierten que el RIGI no alcanza para reponer ni un tercio de los puestos que se destruyeron en la era Milei

Así lo señaló un informe de Misión Productiva, considerando los 95.158 puestos que promete el RIGI en el escenario más optimista. Al contemplar solo empleos directos y permanentes, se compensaría apenas el 4% de lo perdido.

El debate sobre la situación del empleo en la Argentina estuvo más que presente en las últimas horas, tanto en las declaraciones de los funcionarios del Gobierno, como en las redes y en los análisis de los economistas. Mientras los datos sobre la pérdida de fuentes laborales registradas son contundentes, y alarmantes, desde el oficialismo sostienen que durante su gestión hubo una creación neta de puestos de trabajo, defienden el rol del sector informal como un síntoma de un cambio estructural en el modelo económico y buscan impulsar la generación de nuevos empleos de calidad mediante medidas como el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) o la Ley de Modernización Laboral.

Según las cifras oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 se perdieron 241.176 puestos formales asalariados en el sector privado, 79.865 en el Estado y 16.324 en casas particulares. Los 160.573 nuevos monotributistas no llegaron a compensar la destrucción.

Si bien la mayor caída se produjo en los primeros meses del Gobierno, durante el último año también se verificó una contracción importante, de más de 100.000 puestos, incluso contemplando el incremento en los monotributistas. Entre la industria manufacturera y el comercio fueron más de 90.000 las bajas, en términos netos.

El Gobierno defiende la creación de empleo informal

Desde Casa Rosada relatan que esta dinámica responde a una transición, en la cual se perjudican los trabajadores de actividades que eran "ineficientes", pero que a la larga va a dar lugar a nuevos empleos más adecuados a la "modernidad". Sin embargo, por el momento los frutos de esta reestructuración de la economía lejos están de ser palpables.

"Durante la presidencia de Milei se crearon más de medio millón de puestos de trabajo. Nada, eso", destacó en tono burlón el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, haciendo referencia a los datos del informe de Generación del ingreso e insumo de mano de obra de INDEC. Sin embargo, esa suba de dio exclusivamente por trabajadores cuentapropistas y asariados no registrados, lo cual refleja una creciente informalidad e incluye el autoempleo, que difícilmente responda a una mejora en la calidad del mercado laboral.

Los dos caballitos de batalla del Gobierno en materia de empleo son la Ley de Modernización Laboral y el RIGI. En cuanto a lo primero, desde LCG expresaron que, "aun cuando el Régimen de incentivos a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce los costos de contratación vía reducción temporal de las contribuciones patronales, se encuentra vigente desde marzo no esperamos un impacto sensible en el corto plazo sobre la creación de empleo formal". En la consultora entienden que la dinámica de la actividad económica tiene una impacto mucho mayor en el empleo que cualquier cambio regulatorio.

El RIGI, una iniciativa insuficiente para recuperar los empleos perdidos

Sobre el RIGI, un estudio de Misión Productiva plasmó que son 95.158 los nuevos empleos que prometen los 21 proyectos del régimen, según lo indicado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, en la conferencia del 4 de agosto y el portal oficial del Ministerio de Economía. La cifra incluye empleos directos e indirectos, permanentes y temporales, y los picos de contratación de las etapas de construcción.

"Promete el equivalente al 28,2% del empleo formal que ya se destruyó (-337.365 puestos). Incluso suponiendo que todos los proyectos se concreten y alcancen las proyecciones anunciadas, no llegarían a recuperar un tercio de los puestos asalariados registrados perdidos", advirtió esta red de profesionales con especialización en temas de desarrollo productivo.

No obstante, al considerar solo los empleos directos y permanentes (extrapolando la información de los cinco proyectos para los cuales existe información oficial desagregada al total de los 21 proyectos), los trabajadores incorporados serían 13.400: apenas el 4% del empleo asalariado formal perdido.

"Dicho de otro modo: por cada 100 empleos registrados que la economía argentina perdió desde noviembre de 2023, el RIGI proyecta generar 28 puestos de cualquier tipo y alrededor de 4 empleos directos y permanentes", reflejó Misión Productiva.

La organización resaltó la necesidad de impulsar grandes inversiones, pero señaló que los proyectos del RIGI están muy concentrados en sectores poco intensivos en empleo, como la energía y la minería, y marcó la falta de una política activa de desarrollo de proveedores que acompañe a esos sectores, que están liderando la actividad económica en Argentina. "Los megaproyectos pueden ser una parte importante del crecimiento argentino, pero por sí solos difícilmente puedan compensar una caída extendida del empleo en el resto de la economía", enfatizaron.

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Crecer en la Argentina: cuáles son las provincias donde la infancia enfrenta las mayores desigualdades

Persisten importantes brechas en el país, donde la salud, la educación y los ingresos aparecen como ejes centrales. Así, el lugar de nacimiento y residencia todavía es un condicionante fundamental.

Las condiciones en las que crecen las niñas, niños y adolescentes en Argentina mejoraron durante la última década, pero el avance no consiguió modificar una realidad estructural en la que el lugar de nacimiento y residencia todavía condiciona fuertemente las oportunidades disponibles durante la infancia. Las diferencias entre provincias atraviesan los ingresos de los hogares, la educación, la salud y la exposición a situaciones de violencia, con una marcada distancia entre varias jurisdicciones patagónicas y buena parte del norte argentino.

Así lo mostró Crecer en Argentina: Panorama provincial de la infancia, el informe elaborado por UNICEF Argentina a partir del Índice Provincial de Niñez (IPN). La herramienta sintetiza información oficial de las 24 jurisdicciones y combina cuatro dimensiones: condiciones materiales, educación, salud y violencia. El organismo advirtió que las condiciones de vida durante la infancia tienen un carácter multidimensional y que el acceso efectivo a derechos depende de la interacción entre esos factores.

El resultado nacional correspondiente a 2025 fue de 0,630, dentro de una escala que va de 0 a 1 y en la cual un número más alto representa condiciones relativas más favorables. Sin embargo, detrás de ese promedio conviven realidades profundamente diferentes. Tierra del Fuego, con 0,820, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con 0,809, encabezaron el índice, mientras que Formosa, con 0,349, quedó en el último lugar. El propio relevamiento remarcó que, pese a los avances acumulados, persisten importantes brechas territoriales.

“Los datos del índice muestran que las diferencias entre provincias no responden a un único factor, sino a una combinación de múltiples factores que influyen sobre el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. En este sentido, se observa que las oportunidades no dependen solamente de las condiciones materiales de los hogares, sino también de la calidad de la educación, el acceso a la salud y la exposición a situaciones de violencia”, explicó Sebastián Waisgrais, especialista en Inclusión Social de UNICEF Argentina.

Crecer sigue dependiendo del lugar de residencia

El mapa elaborado por UNICEF muestra una fuerte presencia de la Patagonia entre las jurisdicciones mejor posicionadas. Detrás de Tierra del Fuego y CABA aparecen Neuquén (0,761), Chubut (0,738), Río Negro (0,728), Santa Cruz (0,712) y Mendoza (0,691). En el otro extremo se encuentran Formosa (0,349), Chaco (0,436), Misiones (0,523), Corrientes (0,537) y Santiago del Estero (0,562). Entre ambos grupos existe una amplia franja de provincias cercanas al promedio nacional.

“Hablamos de brechas territoriales porque estas condiciones no están distribuidas de manera homogénea en las diversas provincias. Mientras que provincias como Tierra del Fuego o CABA muestran resultados elevados en varias dimensiones simultáneamente, otras provincias acumulan desafíos en más de una dimensión”, señaló Waisgrais. Y explicó, “estas desigualdades responden, entre otras cosas, a capacidades institucionales desiguales, distintas estructuras productivas y diferentes niveles de acceso a servicios e infraestructura”.

El escenario actual es, al mismo tiempo, el resultado de una década atravesada por inestabilidad económica, deterioro de los ingresos, la pandemia y fuertes presiones sobre los servicios públicos. Aun en ese contexto, el IPN nacional pasó de 0,569 en 2016 a 0,630 en 2025, mientras 22 de las 24 jurisdicciones terminaron el período por encima de su punto de partida. El recorrido, sin embargo, estuvo lejos de ser lineal, dado que el indicador cayó hasta 0,576 en 2023, se recuperó a 0,601 en 2024 y alcanzó su máximo de la serie en 2025.

Ese progreso tampoco implicó una reducción equivalente de las desigualdades. “Se destaca que, entre 2016 y 2025, en 22 de 24 provincias mejoró el resultado del índice. Sin embargo, esto no equivale a decir que las brechas se redujeron. Las provincias que estaban rezagadas avanzaron, pero las que estaban mejor posicionadas también continuaron mejorando. Como resultado, la distancia entre los extremos sigue siendo amplia”, sostuvo Waisgrais. Chaco, por ejemplo, registró el mayor incremento absoluto, al pasar de 0,322 a 0,436, pero permaneció entre las jurisdicciones más rezagadas. También consiguieron avances destacados Salta, Misiones, Formosa y Entre Ríos.

La evolución relativa produjo además modificaciones dentro del mapa provincial. Tucumán avanzó cinco lugares entre 2016 y 2025, mientras La Pampa y Córdoba escalaron cuatro. En sentido contrario, San Luis y Buenos Aires retrocedieron siete posiciones pese a terminar con valores levemente superiores a los del comienzo de la serie, porque otras jurisdicciones progresaron a mayor velocidad. La Rioja y Catamarca fueron las únicas provincias cuyo índice de 2025 quedó por debajo del nivel registrado en 2016.

“Las desigualdades territoriales son el resultado de procesos acumulados durante largos períodos. Muchas veces los problemas se refuerzan entre sí: dificultades económicas, rezagos educativos, problemas de salud y situaciones de violencia tienden a concentrarse en los mismos territorios”, advirtió el especialista.

De allí que, para UNICEF, el cierre de las diferencias no pueda descansar exclusivamente en intervenciones provinciales: el organismo plantea una agenda federal, con políticas sostenidas y articulación entre Nación, provincias y municipios. El informe concluyó precisamente que la distancia entre jurisdicciones continúa siendo amplia y reclama esfuerzos nacionales y subnacionales coordinados.

Educación y salud, las principales señales de alerta

La mejora del indicador global esconde trayectorias muy distintas entre sus componentes. En 2025, condiciones materiales alcanzó un índice nacional de 0,673, educación quedó en 0,477, salud se ubicó en 0,515 y la dimensión de violencia llegó a 0,854. Los números no representan porcentajes de cumplimiento, sino posiciones dentro de una escala común que permite seguir la evolución y comparar jurisdicciones.

La educación aparece como uno de los puntos más críticos en el análisis. “La educación aparece como la dimensión más rezagada del índice (menor valor) y una de las que menos progreso mostró durante el período 2016-2025 (-1%). El principal desafío no parece ser únicamente que chicas y chicos estén en la escuela, sino que la escuela logre transformar esa asistencia en aprendizajes de calidad, trayectorias completas y egreso efectivo del nivel secundario. La expansión del acceso escolar es una condición necesaria, pero insuficiente si no viene acompañada por mejores aprendizajes, mayor terminalidad y reducción de las brechas digitales”, afirmó Waisgrais.

Las diferencias vuelven a ser considerables al abrir ese componente por territorio. CABA y Tierra del Fuego, ambas con 0,76, lideraron los resultados educativos, mientras Formosa (0,26), Chaco (0,27), Santiago del Estero (0,30) y Misiones (0,33) ocuparon las últimas posiciones. La dimensión incorpora asistencia en edades críticas, terminalidad secundaria, aprendizajes y utilización de computadoras, variables que permiten observar no sólo el ingreso al sistema escolar sino también qué sucede durante la trayectoria educativa.

“Es decir, el desafío es garantizar que el origen social o el lugar donde vive un niño no determinen la calidad de la educación que recibe. Cuando existen diferencias persistentes en aprendizajes, acceso a tecnología o finalización de la secundaria, esas desigualdades iniciales terminan reproduciéndose en la vida adulta en forma de menores oportunidades laborales, ingresos más bajos y trayectorias más vulnerables”, agregó el especialista de UNICEF.

La otra advertencia aparece en salud. Su resultado nacional de 2025 quedó 19% por debajo del inicio de la serie, de acuerdo con Waisgrais, y contempla mortalidad infantil evitable, bajo peso al nacer y vacunación. Neuquén (0,766), Tierra del Fuego (0,724), Jujuy (0,712) y Chubut (0,711) encabezaron esa dimensión, mientras Formosa (0,276), Corrientes (0,356) y Chaco (0,402) mostraron los registros más bajos. “Sin embargo, vacunación es la dimensión que muestra una mayor caída en la serie (-38%). En este sentido, se destaca que sostener y crecer en niveles de vacunación, requiere campañas sostenidas, disponibilidad de insumos, confianza de las familias y capacidad de llegar a toda la población”, indicó Waisgrais.

Los avances y el desafío de enfrentar las brechas

Las condiciones materiales mostraron, en cambio, una recuperación pronunciada durante el tramo final del período. La dimensión reúne el ingreso familiar per cápita, la pobreza monetaria infantil extrema y las necesidades básicas insatisfechas. CABA (0,889), Tierra del Fuego (0,830) y Neuquén (0,818) encabezaron esa medición, mientras Chaco (0,426), Corrientes (0,540) y Santiago del Estero (0,551) quedaron en el extremo opuesto. El informe remarcó, sin embargo, que una mejora general de los ingresos puede elevar el resultado agregado sin eliminar privaciones estructurales relacionadas con vivienda, infraestructura y servicios.

El otro avance extendido ocurrió en el indicador utilizado para aproximarse a una dimensión específica de la violencia: el embarazo de niñas menores de 15 años. El promedio nacional alcanzó 0,854 y mostró una evolución favorable a lo largo de la década. La medición debe interpretarse de manera acotada, ya que no pretende representar todas las formas de violencia contra niñas, niños y adolescentes.

“Los avances más visibles aparecen en la dimensión de condiciones materiales y en la reducción del embarazo de niñas menores de 15 años. La dimensión de condiciones materiales muestra una recuperación importante en el tramo final de la serie, impulsada por mejoras en ingresos y una reducción de la pobreza. Por su parte, la dimensión de violencia registra una mejora sostenida a lo largo de la década”, explicó Waisgrais.

Las cifras exponen así una paradoja territorial donde la Argentina consiguió mejorar buena parte de sus indicadores de infancia sin reducir sustancialmente la distancia que separa las condiciones en las que crecen chicos y chicas según la provincia en la que viven. El IPN busca precisamente evitar que el análisis quede reducido a un ranking, ya que una jurisdicción puede progresar y continuar rezagada, mientras otra puede permanecer entre las primeras y deteriorarse en alguno de sus componentes.

“El principal desafío sigue siendo garantizar que el lugar donde nace una niña o niño no determine sus oportunidades de desarrollo. El índice muestra que todavía existen diferencias muy importantes entre provincias en términos de educación, salud, condiciones de vida y protección frente a la violencia”, sostuvo Waisgrais. Y concluyó: “En síntesis, el desafío es lograr que los derechos de niñas, niños y adolescentes sean efectivamente universales. El índice evidencia que hubo avances y que mejorar es posible, pero también que cerrar las brechas territoriales requiere de políticas sostenidas, coordinación entre niveles de gobierno y una atención constante a las desigualdades que aún condicionan las trayectorias de la niñez y adolescencia en Argentina”.

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