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Las demandas del FMI empujan al Gobierno a un acercamiento con la CGT

Luego del paro de la central obrera, en el oficialismo no descartan una reunión próximamente. En Balcarce 50 ya tienen escritas las reformas laboral, previsional e impositiva.

Luego del paro general impulsado por la Confederación General del Trabajo (CGT) el pasado 10 de abril, el Gobierno busca un acercamiento con la central obrera, que ya anunció una nueva movilización para fin de mes.

A raíz de las últimas medidas económicas y el aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), los gremios reclaman una reapertura paritaria para que los salarios no se vean afectados. A raíz de esto, anunciaron una marcha para el 30 de abril, en conmemoración del Día del Trabajador. La movilización tendrá como epicentro el Monumento al Trabajo, en las inmediaciones de la histórica sede de la central obrera en la calle Azopardo.

Un importante colaborador del presidente Javier Milei confirmó a este medio que en el Ejecutivo buscan concretar una suerte de “tertulia” próximamente, aunque todavía no pusieron fecha. No obstante, el interés del Gobierno no pasa por sentarse a discutir la recomposición salarial, sino por acordar una serie de demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI) para el desembolso de fondos. Así las cosas, se espera en un futuro intercambio una suerte de toma y daca entre ambos sectores.

El Gobierno ya tiene preparadas las reformas pedidas por el FMI

En el oficialismo minimizan el 3,7% de inflación que se registró en el mes de marzo -5,9% en alimentos- y elijen creer que las medidas cambiarias no afectarán los precios. Sin embargo, son conscientes de que el control de precios ya no será en los próximos meses un activo político para ponderar, y se ven obligados a retomar el diálogo con algunos sectores.

Además, si bien no dan detalles, reconocen que el organismo que dirige Kristalina Georgieva exigió reformas laborales, impositivas y previsionales. “Están avanzadas en términos de texto”, reconocieron en Balcarce 50 a este medio, aunque todavía no fueron presentadas a otros sectores. Las mismas fuentes precisaron que hasta que no se resuelva el alto nivel de informalidad laboral, se dificulta avanzar en el resto de los temas.

En Casa Rosada entienden que "no es el mejor momento" para impulsar este tipo de reformas ya que no cuentan con los consensos necesarios. Argumentan, por un lado, que durante la campaña no es propicio hacer estos anuncios y aspiran, por otro, a tener un Congreso más favorable después de las elecciones legislativas de octubre.

Respecto a una posible reforma laboral como parte del acuerdo con el FMI, desde la CGT fueron contundentes. El Secretario de Prensa y Comunicación de la CGT, Jorge Sola, dijo en declaraciones radiales: “Si el Gobierno o algunos que se dicen opositores pero son aliados, tienen en mente una reforma del mundo del trabajo o de la previsión social debieran tratarlo con nosotros”.

En ese sentido, Sola criticó la estrategia de confrontación del Gobierno con los sindicatos, aunque no descartó la participación de la central obrera en una futura convocatoria: “Hay una equivocación en tratar de encontrar en las organizaciones gremiales a adversarios políticos para atacar y debilitar. Yo creo en un país que invierte en desarrollo, producción y trabajo, y las organizaciones gremiales son socios estratégicos”.

En tanto, en la reunión de la mesa directiva del martes, se aprobó por unanimidad la visita de la CGT a la Comisión de Legislación del Trabajo, la semana próxima, para exponer en contra de proyectos que establece la prohibición de la cuota solidaria.   ambito.

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Guillermo Francos le reclamó al Congreso la ley Anti-Barras y la baja de la edad de imputabilidad

La iniciativa que busca llevar a 13 la edad de imputabilidad está al filo de ser llevada al recinto. El pedido del ministro coordinador fue en el marco de su presentación de informe de gestión ante la Cámara que conduce Martín Menem.

El jefe de Gabinete Guillermo Francos le pidió a la Cámara de Diputados que avance con la sanción de dos leyes impulsadas por Casa Rosada: la Ley Antibarras y la baja de la edad de imputabilidad. Esta última está al filo de quedar lista para ser llevada al recinto. El pedido fue en el marco de su presentación de informe de gestión ante la Cámara que conduce Martín Menem.

Este martes, por segunda vez desde que es jefe de Gabinete, Francos se presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados para exponer sobre la marcha del gobierno de Javier Milei. En su alocución inicial, en la que destacó lo que consideró los principales logros de la gestión libertaria, el funcionario remarcó: "Logramos la aprobación de normas esenciales como la Ley Anti-mafia, la modificación del Código Procesal Penal para regular el 'juicio en ausencia', el régimen de reiterancia y la unificación de condenas".

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Vicentin vuelve a operar tras acuerdo con trabajadores y pago parcial de salarios

La firma retoma operaciones con fondos adelantados por la Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías Agropecuarias. El esquema salarial prevé el pago del 80% en tres tramos.

Vicentin volverá a operar las plantas de Avellaneda y Ricardone, luego de que los trabajadores aceptaran cobrar, de momento, el 80% de sus salarios en tres tramos. La empresa consiguió un adelanto de fasones de parte de la Unión Agrícola de Avellaneda y Bioenergías Agropecuarias, lo que le permitió garantizar el primer desembolso del 40% correspondiente a marzo.

El resto del cronograma incluye un 20% adicional el 25 de abril y otro 20% el 30 del mismo mes, mientras que el 20% restante sigue pendiente de nuevas negociaciones. El esquema fue convalidado esta semana en una audiencia encabezada por el Ministerio de Trabajo de Santa Fe, con participación de gremios, representantes de la empresa y empresas asociadas al esquema de fasones

Un salvavidas que evita una parálisis total

La reapertura de las plantas permite evitar la paralización total del grupo, que se había profundizado el 5 de abril, cuando Vicentin suspendió toda actividad industrial y comunicó que no contaba con fondos para abonar sueldos.

El propio directorio reconoció días atrás que sin el aporte adelantado de las empresas de fasones no habría forma de cumplir con ninguna obligación salarial. Aún así, el esquema no cubre el 100% de los haberes, y el último tramo –un 20% de los sueldos de marzo– sigue en discusión.

Además, la planta de San Lorenzo, una de las más grandes del grupo, sigue completamente parada desde hace meses. Según fuentes del sector, para reactivarla se necesitaría entre 350.000 y 400.000 toneladas de soja por mes, un volumen imposible de sostener sin un respaldo financiero sólido.

Cinco años del default: sin plan y sin socios

Desde su cesación de pagos en 2019, Vicentin arrastra una deuda de más de u$s1.500 millones, que incluye pasivos con diversas entidades locales y del exterior, productores agropecuarios, proveedores, cooperativas y organismos estatales como el Banco Nación.

El plan de reestructuración más firme –elaborado junto con ACA y Bunge– quedó suspendido tras una resolución de la Corte Suprema de Santa Fe. Desde entonces, no hubo nuevas propuestas concretas, y el concurso sigue estancado en medio de reclamos judiciales, denuncias penales por vaciamiento y el rechazo de buena parte del mercado. Incluso, cuatro exdirectivos permanecerán en prisión preventiva por 120 días acusados de malversación de fondos.

La postura del Grupo Grassi, uno de los principales acreedores, continúa siendo un obstáculo importante. Recientemente, el líder de la empresa, Mariano Grassi, participó de una audiencia por videoconferencia, donde reiteró su negativa a colaborar mientras siga la actual conducción de Vicentin. En su opinión, cualquier reactivación de la empresa debe pasar por un cambio de autoridades, ya que responsabiliza a la actual gestión por el colapso financiero y operativo.

¿Qué sigue para Vicentin?

A pesar de los intentos por reactivar parcialmente las plantas de Avellaneda y Ricardone, la situación de Vicentin sigue siendo crítica. La falta de recursos para garantizar el pago completo de los salarios, la incertidumbre sobre la provisión de energía y la falta de certezas sobre los acuerdos clave con clientes y acreedores siguen siendo los principales obstáculos para una reactivación definitiva.

En medio de este panorama, la opción del "cramdown" (salvataje judicial) sigue latente. Este mecanismo, que permitiría la intervención judicial para imponer un acuerdo con los acreedores, se perfila como una posible salida para reestructurar la empresa y dar paso a la llegada de nuevos accionistas, pero todavía depende de una resolución favorable de la Justicia. Por su parte, desde Vicentin dicen que si necesario recurrirán a la Corte Suprema de la Nación para conseguir la homologación de su acuerdo con los acreedores. El final sigue abierto.

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Causa Vialidad: la Corte Suprema movió la primera ficha en la causa contra Cristina Kirchner

Llegó a manos del procurador interino Ricardo Casal el recurso de queja de la fiscalía, que pide doblar la condena a la expresidenta. En segunda instancia, la titular del PJ recibió la pena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Este miércoles, a las puertas del inicio del fin de semana largo, la Corte Suprema de Justicia hizo el primer movimiento en la causa por el direccionamiento de las obras públicas de Santa Cruz, conocida como Vialidad, por la cual Cristina Kirchner está condenada en segunda instancia a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Rozenkrantz y Horacio Rosatti corrieron vista al procurador interino Ricardo Casal el recurso de queja del fiscal Mario Villar. El representante del Ministerio Público ante la Casación sostuvo el pedido de Diego Luciani y Sergio Mola de doblar la condena de Cristina Kirchner. El reclamo es por la incorporación de la figura de asociación ilícita y la pena de doce años de prisión, en lugar de los seis por los que fue condenada.

En medio de un mar de especulaciones por la falta de plazos establecidos para que el máximo tribunal defina sobre el expediente de alto voltaje político, los cortesanos hicieron un primer movimiento con uno de los 17 recursos de queja que llegaron en marzo pasado. Empezaron, como es habitual, por el planteo de la fiscalía, que además de doblar la condena de Cristina pide la revocatoria de las cuatro absoluciones .

El fiscal tampoco tiene plazos establecidos y su dictamen no es vinculante. Es decir, la Corte puede seguir o no sus lineamientos.

En tanto, el recurso de queja de Cristina Kirchner, que pide su absolución se encuentra actualmente en la secretaria número 3 de la Corte -que es la secretaria penal- y no tuvo movimientos hasta el momento.

Se trata de la última carta de Cristina para evitar la condena. El 21 de marzo pasado, la sala IV de la Cámara Federal declaró inadmisible el recurso extraordinario para llegar a la Corte que había presentado la defensa de Fernández y del resto de los condenados en la causa. Fueron un total de diez planteos, incluido el de la fiscalía, los rechazados por los jueces de Casación.