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 Los gremios del transporte activan protestas y advierten por paro tras el DNU de Javier Milei

La Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte definió medidas de acción. Es en respuesta al DNU que desregula el sector y que limita el derecho a huelga.

Los gremios del transporte decretaron el estado de alerta y movilización que podría culminar en una paralización de los servicios como respuesta al decreto del Gobierno nacional que desreguló el sector y que, además, busca limitar el derecho a la huelga en múltiples ramas laborales de la actividad económica.

La Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT) se reunió esta jornada en la sede de la Confederación General del Trabajo en un Plenario Nacional de Secretarios Generales y Cuerpo de delegados donde definieron pasar a un plan de lucha que comenzará en junio y que, eventualmente, podría confluir en medidas de acción directa.

De acuerdo a un comunicado de la CATT, entre la acciones gremiales podrían incluirse "paros sectoriales y asambleas sorpresivas". Además, anunciaron que convocarán a una movilización "contra el decreto de desregulación de la Marina Mercante, la desregulación del sector aeronáutico, el desguace de Vialidad Nacional y un nuevo intento de cercenar el derecho de huelga".

La CATT hizo un "llamado urgente" al Gobierno de Javier Milei "para que entable un diálogo serio y constructivo con los representantes de los trabajadores del transporte" con el fin de hallar "soluciones a los problemas que afectan al sector y garantizar la estabilidad laboral y la industria nacional".

Según advirtieron, la medida "afecta directamente a los trabajadores del transporte y ponen en riesgo tanto la estabilidad laboral como las condiciones de trabajo conquistadas a lo largo de la historia". El mensaje lleva la firma del secretario general, Juan Carlos Schmid, y el secretario de prensa de la CATT, Juan Pablo Brey.

En el Plenario participaron cerca de 500 representantes de gremios afiliados a la CATT. Estuvieron presentes Omar Maturano, Secretario General de La Fraternidad, y representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Ensenada, como también como representantes de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte.

El DNU que desregula la actividad del transporte

A través del decreto 340 del Boletín Oficial, que desreguló el transporte marítimo, el Gobierno limitó el derecho a huelga de gran parte de los sindicatos, tras ampliar las actividades consideradas esenciales.

“Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”, indicó el artículo 3 del decreto, que modifica el artículo 24 de la ley N° 25.877.

El texto precisó que en cuanto a la "prestación de servicios mínimos esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare". Además, el texto siguió que "en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.

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El Gobierno reducirá a la mitad los controles de ANMAT y avanza sobre las regulaciones de la Aduana

El encargado es el ministro Sturzenegger. Mientras avanzan los cambios en esos dos organismos, ya se despidieron 50.000 trabajadores en el Estado.

que se lleva a cabo en materia macroeconómica, la intención es bajar costos. A esta tarea está abocado Federico Sturzenegger, ministro de ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

Mientras continúa el proceso de despido de empleados de la administración central – el número se acerca a los 50.000 desde diciembre de 2023- el Gobierno sigue adoptando medidas de desregulación que afectarán a distintos sectores -como seguros- recortando y simplificando normas -Aduana, ANMAT-, de acuerdo con lo señalado por fuentes oficiales a Ámbito.

En este sentido, las áreas bajo análisis son el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). También se anticipó que se avecinan cambios en la Aduana y en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), aunque no se brindó detalles específicos.

Sturzenegger puntualizó que el proceso será escalonado. Tras intervenir el ámbito cultural, la reestructuración continuará con la economía, luego con la salud y finalmente con el transporte. En ese marco, criticó el funcionamiento del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), y señaló: “Gasta la mitad de las retenciones del maíz”, para ilustrar lo que calificó como una necesidad urgente de rediseño institucional y financiero.

Ya suman 47.000 los empleados de la administración nacional que fueron dados de baja desde que comenzó la gestión de La Libertad Avanza, de acuerdo con los últimos datos que recibió Federico Sturzenegger, según pudo saber este medio.

Así, la dotación actual se reduce a 170.000 agentes, es decir que sufrió un recorte de 22%. A modo de referencia, es una cifra inferior a los 220.000 cargos con que cuentan las universidades.

Sturzenegger y su equipo siguen “de manera incansable” revisando las distintas normas oficiales con el propósito de eliminar las innecesarias y simplificar las restantes, se comenta en la Casa Rosada.

El futuro de Aduana y ANMAT

La Administración Nacional de Aduanas (ANA) es uno de los organismos que está en la mira. Al respecto, se ha conformado una comisión de seis miembros, dos por el Ministerio de Desregulación, y otros tantos por la secretaría de Coordinación de Producción del Palacio de Hacienda y de la ANA, con el objetivo de simplificar al máximo las normas sobre comercio exterior.

Otro es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), en donde abundan las regulaciones, según la mirada oficial. Se calcula que a través de este se realizan en la actualidad unos 900 trámites cuando, según la evaluación del Ministerio de Desregulación, la cifra debería reducirse a la mitad.

Seguros

La “revolución de los seguros” que Sturzenegger anticipó el fin de semana pasado, tras reunirse con el presidente Javier Milei, contempla la posibilidad de contratar pólizas en el exterior, entre otras desregulaciones. De acuerdo con la interpretación del Gobierno, no tiene sentido la prohibición -hoy vigente- que impide tomar seguros agrícolas (por ejemplo, contra granizo) o de vida en el exterior.

Trenes

Se están elaborando, asimismo, cambios en áreas como el transporte. El Gobierno prevé concesionar al sector privado el uso de las vías ferroviarias y vender a particulares trenes y locomotoras para que se encarguen de esta forma de transporte. Así, por caso, grupos como las cerealeras podrían tener sus propias líneas de trenes para trasladar las cosechas desde las zonas de producción a los puertos.

Aftosa

Bajar costos es, sostienen, otra de las prioridades del Gobierno. Las autoridades nacionales se pusieron en contacto con una empresa colombiana que provee la vacuna contra la aftosa en Uruguay.

La intención es facilitar la importación de este producto al mercado local para bajar los precios que pagan los productores ganaderos. En el Gobierno señalan que los fabricantes locales venden la vacuna a u$s1,20 cuando en el vecino país se obtiene a u$s0,40. Aclaran que las previstas compras externas de vacunas se autorizarán sólo para proveedores que cuenten con aprobaciones reconocidas.

Construcción

Sturzenegger celebró este lunes en redes sociales la nueva reglamentación del proceso de adjudicación de la obra pública. A su juicio, la norma termina con 70 años en los que “imperó un sistema de cartelización”.

El 18 de Febrero de 2025 anunciábamos el fin de la Cámara Argentina de la Corrupción mediante el Decreto Delegado 105/25 que eliminaba el Registro de Constructores. Hoy, la Disposición 24/25 de la Oficina Nacional de Contrataciones, con firma de Soledad Vallejos Meana, reglamenta… pic.twitter.com/U4vMwpqPrS

— Fede Sturzenegger (@fedesturze) May 26, 2025

El funcionario explicó que antes regía “un perverso sistema que limitaba la capacidad constructiva de cada oferente asegurando un reparto entre los actores al tiempo que limitaba la entrada al “club”. Ambas cosas terminan de caer hoy”.

El cambio normativo levanta las barreras de entrada a nuevos jugadores. Previamente, a los que hacían obra privada o en el exterior no se los dejaba competir. Ahora “estarán en paridad con la patria contratista e incluso si no tuvieran obras previas también podrán competir reemplazando obras por patrimonio o garantías”.

El ministro agrega que “lo más importante, se termina el sistema de la capacidad constructiva que era el corazón del sistema anterior”.

En fuentes de la cartera de Desregulación y Transformación del Estado, no obstante, se insiste en que el Estado Nacional debe retirarse de la obra pública y que el protagonismo corresponde al sector privado en coordinación con las administraciones provinciales y municipales.

Citan, como ejemplo en este sentido, que las rutas nacionales totalizan 40.000 kilómetros, pero las provinciales llegan a 200.000 kilómetros y las municipales a 600.000 kilómetros. Incluso relativizan la primera cifra porque rutas importantes, como la 2, si bien es nacional, es administrada por la provincia de Buenos Aires.

Provincias

La administración del presidente Javier Milei aspira a que la motosierra que se utiliza en el plano nacional para recortar el gasto público, también se aplique en las provincias. En tal sentido, el ministerio que preside Sturzenegger, se encuentra realizando un estudio sobre cuánto podrían bajar los impuestos que cobran cada una de las provincias si se recortan los gastos de las distintas administraciones.

Estos cálculos servirán como insumos para la campaña política de los dirigentes de La Libertad Avanza en el interior de cara a las próximas elecciones.

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ARCA: los comercios ya no deberán pedir el DNI a los clientes en compras menores a $10 millones

Será para operaciones en efectivo o por otros medios de pago. Es parte de las medidas anunciadas por Luis Caputo la semana pasada, que incluyeron la eliminación de varios regímenes informativos y la suba de umbrales de control.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanza un paso más en la oficialización de las medidas tomadas el pasado jueves. Dentro de los anuncios clave del organismo a cargo de Juan Pazo, se destacó la eliminación de algunos regímenes informativos y la elevación de umbrales para el inicio de investigaciones fiscales.

Este martes, se publicó en el Boletín Oficial la Resolución General 5700/2025 de la ARCA, que elevó a $10 millones el monto a partir del cual corresponde identificar al adquirente, locatario, o prestatario cuando actúe como consumidor final. Una vez superado ese umbral, deberá consignarse su CUIT, CUIL, CDI o DNI (en caso de extranjeros, documento del país de origen o pasaporte).

Hasta ahora, los comercios estaban obligados a pedir la identificación de los clientes para compras en efectivo a partir de los $250.000 y para compras por medios de pago electrónicos desde los $400.000. En adelante, se unificarán ambos umbrales y los comerciantes no deberán pedirle el DNI ni consignar los datos de los consumidores por operaciones inferiores a los $10 millones.